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sábado, 19 de febrero de 2011

Sanidad pública privatizada

En Madrid estamos siendo testigos de cómo poco a poco, por decisiones de nuestros gobernantes y grupos empresariales, la Sanidad se está privatizando. Se nos dice que es un servicio público deficitario, basado en la equidad y solidaridad, y que hay que cambiarlo, que ha de ser privatizado para que pueda refinanciarse. Pero quizás sería suficiente con una mejor gestión del mismo.

Hace pocos años, se construyeron los “nuevos hospitales”, propiedad de empresas privadas, cuyo alquiler pagaremos todos los madrileños durante 30 años a un precio muy superior al que supuso su construcción.

Varias empresas, la mayoría constructoras, a las que se les confió la construcción de estos nuevos centros, vieron así una salida a su crisis, ya que además consiguieron la gestión de los mismos durante 30 años. Estas entidades son Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners.

En los nuevos hospitales, el personal sanitario procede de hospitales públicos; pero servicios como laboratorios, lavandería, alimentación y pruebas radio-diagnósticas, recaen en personal subcontratado por empresas privadas, financiadas además, con presupuesto público.

En los hospitales públicos (los antiguos), además, se han puesto en marcha Planes Directores, que han significado la disminución de 500 camas de media en cada uno de ellos.

Pero esto no termina aquí. Varios centros de Especialidades, como el de Quintana y Pontones, son ya de gestión privada. 

Se espera además, que dentro de unos años todos los hospitales, centros de especialidades y de salud estarán privatizados.

¿Se garantiza con la gestión privada una mejor atención sanitaria?

Difícilmente. Todos sabemos que a las empresas les mueve la obtención de beneficios, así que no es raro que ahorren en personal y medios. De hecho, la mayoría de personal sanitario de los nuevos hospitales llega de los antiguos (los públicos), es decir, no hay nuevos profesionales, mientras la población sigue en aumento.

Por otro lado, es un hecho que los pacientes ancianos son los que “más gastan” en Sanidad, y por ello son evitados por los hospitales de gestión privada, ya que no son rentables para sus empresas, y son derivados a los hospitales públicos; mientras que los pacientes jóvenes y sanos, sí rentables, son acogidos por los nuevos hospitales.

Además, como algunas pruebas diagnósticas son costosas, se intenta reducir su aplicación hasta que son totalmente necesarias. Es decir, se huye de “gastos superfluos” que disminuyen beneficios.

El Derecho Público, que tiene como objetivo controlar a la Administración Pública en su disposición de medios y recursos económicos (aunque a veces falla), se sustituye por el Derecho Privado, afín a las empresas, y que no garantiza que se utilicen en su propio interés.

¿Es legal este cambio hacia la privatización?

El inicio de todo este nuevo sistema fue bastante oscuro.
El SERMAS firmó en diciembre de 2006 el Convenio Singular con la Fundación Jiménez Díaz-UTE (Unión Temporal de Empresas), mantenido en secreto durante los siguientes tres meses, y que traspasó la asistencia hospitalaria de 400.000 pacientes a la UTE, regida por la multinacional Capio, propiedad de otra, la Apex Partners.

Por otro lado, no hubo acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social en la cesión a las empresas privadas de los edificios e instalaciones de los Centros de Especialidades, propiedad de la primera. Además se realizaron obras de acondicionamiento en el Centro de Pontones sin licencia municipal.

Respecto a la sociedad, no se nos ha informado suficientemente de las razones y consecuencias de este nuevo sistema privado, y mucho menos de sus desventajas; ni se nos ha escuchado ante algo que puede menoscabar nuestro derecho a una Sanidad de calidad. Simplemente, se ha hecho.

Lamentablemente, este cambio hacia la privatización está protegido por la Ley 15/97 “de Nuevas Formas de Gestión de la Sanidad”, aprobada por los partidos mayoritarios PP y PSOE, que ha convertido la Sanidad en un mercado.

Además, con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2008, se aprobaron los mecanismos para que los centros de salud públicos se convirtiesen en “entidades de derecho privado”, y se crearon seis empresas destinadas a la gestión de la parte sanitaria de los mismos, que en un principio había quedado fuera del ámbito privado. Esta Ley además otorgó personalidad jurídica a los nuevos hospitales, requisito indispensable para que las empresas privadas pudieran gestionarlos.

Veamos este mismo caso en otros dos países: 

En Gran Bretaña también se concedió la gestión de la Sanidad a empresas privadas. Por todo lo explicado, la calidad de este servicio cayó en picado y profesionales y enfermos sufrieron sus consecuencias. Incluso la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoció sus graves inconvenientes.

También tenemos el ejemplo de EEUU, cuya sanidad  es privada. Al año mueren 150.000 personas, bien por no poder pagar los cuidados médicos que necesitan o porque un sistema privado, como se ha explicado, vela más por el beneficio de sus empresas que por el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Está comprobado que un modelo privado en un servicio como el sanitario no da resultado. Nuestra salud no es un negocio, y por ello debemos defender la Sanidad pública, que a todas luces es nuestro derecho.
 Raquel Ruiz.

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1 comentario:

  1. Tate... hoy una señora que maneja Presupuestos en nuestra Comunidad, que se sabe las leyes de arriba a abajo y de abajo a arriba, con más experiencia que el tato en temas de estos (o sea, fiable), me ha dicho que la privatización de la Sanidad es lo peor que ha visto en mucho tiempo.
    En fin, desde mi humilde ignorancia... creo que al menos, un poco, puedo creer que tenía razón al escribir lo que escribí.

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